La información financiera debe ser un elemento relevante cuando conversamos de sostenibilidad, porque se requiere cuantificar el efecto en la gestión de las organizaciones, así como por la importancia relativa para los interesados en general, con el fin de promover conductas sostenibles en las empresas y en el mercado.
En este contexto ha surgido el uso de los Criterios ESG (Environmental, Social and Governance), como enfoque para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esto ha motivado a grandes organismos internacionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a impulsar el establecimiento del International Sustainability Standards Board (ISSB) dentro de la Fundación International Financial Reporting Standards (IFRS). Las entidades mencionadas forman parte ahora del Comité Consultivo de Sostenibilidad (Sustainability Consultative Committee) del ISSB.
El Consejo de Normas ISSB acordó el 16 de febrero del año 2023 en Montreal, Canadá, que la NIIF S-1 “Requerimientos generales para la Información a revelar sobre sostenibilidad relacionada con información financiera” y la NIIF S-2 “Información a revelar relacionada con el clima” entrarán en vigor en enero del 2024. De esta manera, las organizaciones dispondrán de un período para conocer con detalle esta nueva normativa. Además, se espera tener la versión final de estas normas en el segundo trimestre del año 2023.
El Gobierno de Costa Rica reconoce la relevancia de la información sobre sostenibilidad, por lo que la Administración Tributaria indicó que estará solicitando a los contribuyentes informar acerca de sus estrategias de sostenibilidad y compromisos ambientales. Esta coyuntura ofrece a los contadores privados incorporados una oportunidad de tomar acciones para actualizarse y ser los agentes de cambio en las organizaciones.
Estos aspectos ponen de relieve la necesidad de implementar estrategias, de modo individual y conjuntas, dirigidas a crear conciencia ambiental más allá del cumplimiento de normas. Por otra parte, destacan la obligación de las organizaciones públicas, privadas y civiles desde una perspectiva económica, en cuanto a medir compromisos e impactos en sus actividades comerciales, en procura de un desarrollo sostenible.